RUSIA
ES UN
ESTADO
TERRORISTA.

Las fuerzas rusas tomaron el control total de Bucha el 5 de marzo de 2022 y lo mantuvieron hasta el 30 de marzo, según el ACNUDH. Cuando las fuerzas ucranianas y los periodistas entraron el 2 de abril, encontraron decenas de cadáveres en las calles y, después, en patios, pisos, sótanos, coches, bosques y fosas improvisadas. Muchos presentaban señales de ejecución sumaria: manos atadas, heridas de bala, hematomas, cortes y quemaduras. Dos fosas comunes junto a la iglesia de la localidad contenían más de 100 cadáveres. El ACNUDH constató que al menos 14 civiles fueron abatidos a tiros y quedaron donde cayeron a lo largo de un tramo de 150 metros de la calle Yablunska, donde los vecinos se arriesgaban a recibir un disparo por el mero hecho de dejarse ver en el exterior.

Los soldados fueron casa por casa en lo que las comunicaciones de radio rusas interceptadas denominaban «zachistka» (limpieza), según una investigación de Associated Press y FRONTLINE. Los hombres, en particular, eran interrogados sobre supuestos vínculos con las fuerzas ucranianas o sobre «espionaje». Según el ACNUDH, algunos fueron asesinados en el acto y otros fueron detenidos y ejecutados más tarde. En el número 144 de la calle Yablunska, un recinto que las tropas rusas utilizaban como cuartel general, al menos nueve hombres fueron llevados el 4 de marzo de 2022 y asesinados, informó AP. Solo a lo largo de la calle Yablunska, la policía recuperó cerca de 40 cadáveres. El director de una funeraria local declaró a Human Rights Watch que vio ocho cadáveres en el número 144, seis de ellos con las manos atadas. En el sótano de un campamento infantil utilizado como base rusa, Human Rights Watch vio los cadáveres de cinco hombres vestidos de civil, cuatro de ellos con las manos atadas a la espalda con bridas.

Hasta el 31 de octubre de 2022, el ACNUDH había documentado individualmente 73 asesinatos de civiles en Bucha y estaba corroborando otros 105. Afirmó que las ejecuciones sumarias que examinó en la región «pueden constituir el crimen de guerra de homicidio intencional». La Comisión de Investigación de la ONU constató un patrón de ejecuciones sumarias en las zonas ocupadas por las fuerzas rusas, que calificó de violaciones del derecho a la vida y de crímenes de guerra, y señaló Bucha como el lugar donde se produjeron muchas de ellas. La fiscalía ucraniana atribuye los asesinatos del número 144 de la calle Yablunska a soldados de la 76.ª División de Asalto Aéreo de la Guardia, según AP.

Para el 2 de marzo de 2022 toda la ciudad se había quedado sin electricidad ni agua, y poco después se cortaron también el gas y la calefacción, según Human Rights Watch. La población pasó semanas en sótanos helados y, según la Comisión de Investigación de la ONU, tenía que cocinar y buscar agua en el exterior, expuesta a los bombardeos. La misión de observación de la ONU informó de que los vecinos tuvieron que soportar largos periodos sin agua potable, alimentos, saneamiento ni medicinas. HRW, en colaboración con Truth Hounds y SITU Research, constató que a mediados de mayo el 93% de los 477 edificios de viviendas de varias plantas del centro de Mariúpol habían sufrido daños, al igual que los 19 recintos hospitalarios y 86 de los 89 centros educativos. La ONU afirmó que todos los hospitales capaces de atender a civiles heridos resultaron dañados o destruidos.

Los cadáveres permanecieron en calles, entre escombros y en pisos durante días, semanas o meses. Los vecinos enterraron a los muertos en patios, parques infantiles y a lo largo de las calles: HRW documentó 11 personas enterradas en un solo patio y unas 20 tumbas en otro. La ONU informó del hallazgo de cadáveres en tumbas improvisadas, individuales y colectivas, en patios, calles y parques. Un análisis de imágenes por satélite de Associated Press contabilizó al menos 10.300 tumbas nuevas en la ciudad y sus alrededores hasta diciembre de 2022, muchas de ellas marcadas solo con números. HRW contó más de 10.000 enterramientos entre marzo de 2022 y febrero de 2023.

Se calcula que unas 350.000 personas se vieron obligadas a abandonar la ciudad, según la ONU, que también expresó su preocupación por la «filtración» de civiles, con decisiones arbitrarias, intimidación y humillaciones. La misión de expertos del Mecanismo de Moscú de la OSCE y la ONU concluyeron que la destrucción suscitaba serias dudas sobre el respeto del derecho internacional humanitario. HRW concluyó que las fuerzas rusas y afines cometieron violaciones aparentes, entre ellas ataques ilegales, el bloqueo de evacuaciones y de ayuda, y traslados forzosos. La Comisión de Investigación de la ONU, que entrevistó a más de 30 civiles de la ciudad, concluyó que las fuerzas rusas llevaron a cabo ataques indiscriminados en Mariúpol y afirmó que investigaba si los ataques y el asedio podían constituir también un crimen de lesa humanidad. Tras tomar la ciudad, las autoridades de ocupación demolieron muchos edificios dañados, lo que, según HRW, borró pruebas en posibles escenarios de crímenes.

En los días previos al ataque, decenas de miles de personas pasaron por la estación de Kramatorsk en una evacuación promovida por las autoridades locales, según Human Rights Watch. Según Human Rights Watch, más de 500 personas (muchas de ellas mujeres, niños y personas mayores con sus pertenencias) se encontraban en los andenes y frente a la estación cuando la ojiva 9N123K del misil estalló sobre ellas a las 10.28 y dispersó por la zona 50 submuniciones, cada una de las cuales se fragmentó en cientos de esquirlas. HRW documentó 32 puntos de impacto de submuniciones. Los supervivientes describieron a una mujer a la que la explosión le arrancó una pierna, un conductor de ambulancia describió extremidades de niños en el suelo, y algunos transeúntes usaron pañales para intentar detener hemorragias antes de que llegara ayuda.

Rusia negó el ataque y afirmó que sus fuerzas ya no utilizaban el Tochka-U. HRW y SITU Research localizaron vehículos lanzadores y misiles Tochka cerca de Kunie, al noroeste de Kramatorsk, en una zona controlada entonces por las fuerzas rusas y al alcance de la estación, en torno a la fecha del ataque, y Bellingcat documentó que las fuerzas rusas operaban lanzadores Tochka-U en 2022. La Comisión de Investigación de la ONU señaló que un tren con vehículos militares ucranianos había salido de la estación aproximadamente una hora antes, pero constató que las municiones de racimo alcanzaron a una gran multitud de civiles, y concluyó que las fuerzas armadas rusas probablemente lanzaron un ataque indiscriminado y desproporcionado en violación del derecho internacional humanitario. Unos diez minutos después de las explosiones, según Bellingcat, un corresponsal de guerra afín al Kremlin publicó un vídeo en el que afirmaba que el ataque había alcanzado a soldados ucranianos, y después lo borró. Posteriormente, responsables rusos culparon a Ucrania.

La exhumación comenzó el 16 de septiembre de 2022 y terminó el 23 de septiembre. El jefe de la Policía Nacional dijo que se habían recuperado 447 cuerpos: 215 mujeres, 194 hombres, cinco niños y 22 militares, además de los restos de 11 personas cuyo sexo todavía no se había podido determinar. El gobernador de Járkov, Oleh Syniehubov, afirmó que varios cuerpos tenían las manos atadas a la espalda, que un hombre había sido enterrado con una soga al cuello y que otros tenían extremidades rotas, heridas de bala y, en varios casos, los genitales amputados. «es evidente que estas personas fueron torturadas y ejecutadas», declaró.

Human Rights Watch, que entrevistó a más de 100 personas que vivieron los seis meses de ocupación, documentó que las fuerzas rusas torturaron de forma habitual a detenidos en Izium con descargas eléctricas, asfixia simulada con agua, palizas y posturas forzadas en no menos de siete lugares, entre ellos dos escuelas y la comisaría central, y señaló que algunos cuerpos de la fosa presentaban posibles signos de tortura y ejecución.

No todas las muertes en el lugar fueron homicidios. En una revisión posterior, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU indicó que la fiscalía regional de Járkov había exhumado 451 cuerpos, que algunas personas habían muerto a causa de las hostilidades o por causas naturales, y que al menos 17 cuerpos presentaban indicios de posible homicidio, con los trabajos forenses aún en curso.

Cuando sonaron las sirenas antiaéreas, el personal trasladó a los niños a un refugio, algo que, según el jefe de la misión de vigilancia de la ONU, evitó que el balance fuera mucho mayor. En el hospital, que atiende a niños con enfermedades graves como cáncer y enfermedades renales, había unos 670 pacientes infantiles y más de 1000 trabajadores. El ataque destruyó el edificio del departamento de toxicología y dañó las unidades de cuidados intensivos, cirugía y oncología y el centro nacional de cirugía cardíaca infantil situado en el mismo recinto. Una médica estaba entre los dos fallecidos. Unos 600 niños tuvieron que ser trasladados a otros hospitales.

El ACNUDH basó su valoración en un examen en profundidad del lugar del impacto, en testimonios y en un vídeo en el que se ve el misil impactando contra el hospital. El jefe de la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de la ONU lo calificó de «uno de los ataques más atroces» desde el comienzo de la invasión a gran escala, y el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, calificó de «abominables» las explosiones en dos hospitales de Kiev que atienden a niños y mujeres. El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que recuperó en el lugar fragmentos de un Kh-101 con números de serie, y el grupo de fuentes abiertas Bellingcat identificó el misil de las imágenes como un Kh-101, y rechazó las afirmaciones rusas de que un misil de la defensa antiaérea ucraniana había caído sobre el hospital.

El mismo ataque alcanzó un centro médico en el distrito de Dniprovskyi de Kiev, donde murieron nueve personas, y un edificio residencial en el distrito de Shevchenkivskyi, donde fallecieron 13. Según el ACNUDH, julio de 2024 fue el mes más mortífero para los civiles en Ucrania desde octubre de 2022, principalmente por este ataque.

Unos 63 vecinos se habían reunido en el café para recordar a un soldado ucraniano cuyos restos acababan de ser inhumados de nuevo en Hroza. Unos 20 o 25 minutos después, el misil impactó. La explosión destruyó por completo el café y una pequeña tienda contigua. El personal de la HRMMU visitó el lugar en dos ocasiones, lo inspeccionó y entrevistó a 35 personas, entre ellas dos supervivientes, personal sanitario y trabajadores de la morgue.

Los fallecidos eran 36 mujeres, 22 hombres y un niño de ocho años. Quince familias perdieron a dos o más miembros. Muchos cuerpos quedaron tan destrozados que solo pudieron identificarse mediante ADN. En algunos casos, los rescatistas identificaron a una persona por algún rasgo distintivo, como la manicura de una mano recuperada. El fiscal general de Ucrania dijo que casi uno de cada seis habitantes del pueblo murió.

Rusia no asumió explícitamente la responsabilidad. Su representante ante el Consejo de Seguridad de la ONU describió la reunión como un objetivo militar legítimo, algo que contradicen las conclusiones de la HRMMU. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, dos antiguos vecinos de la localidad que se habían incorporado a las autoridades de ocupación rusas transmitieron a las fuerzas rusas la hora y el lugar del funeral. En julio de 2026, el fiscal general de Ucrania anunció que se habían notificado sospechas contra cinco oficiales rusos, entre ellos el comandante de la dotación de lanzamiento de la 119.ª Brigada de Misiles, por infringir las leyes de la guerra en concurso con asesinato con premeditación.

El primer misil impactó, según se informó, en el Centro de Congresos de la Universidad Estatal de Sumy. Unos dos minutos después, un segundo misil explotó en el aire y proyectó metralla sobre una amplia zona pública, según la HRMMU. Muchas de las personas fallecidas viajaban en un autobús urbano destruido por la explosión. «Cada una de ellas simplemente estaba viviendo su mañana de domingo cuando cayeron los misiles», dijo Danielle Bell, jefa de la misión de la ONU.

Imágenes del lugar, difundidas por AP, mostraban hileras de bolsas para cadáveres a lo largo de una carretera y cuerpos envueltos en mantas térmicas entre los escombros, mientras los bomberos trabajaban en coches calcinados y edificios dañados. Funcionarios ucranianos y medios locales informaron de daños en 51 edificios, 34 coches, un autobús y un edificio universitario. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó de 15 niños entre los heridos.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que los dos misiles Iskander-M apuntaban contra una reunión de mandos ucranianos y afirmó que habían muerto más de 60 militares. Esta afirmación no ha sido verificada de forma independiente. Funcionarios ucranianos dijeron que, según la información preliminar, los misiles llevaban munición de racimo. AP indicó que no podía verificar esa afirmación.

Los operadores de los drones seguían a personas que iban a pie, en bicicleta y en coche, y les lanzaban explosivos. La Comisión señaló que se atacó a todos los medios de transporte, así como a los servicios de emergencia y de rescate. En un caso que documentó, un dron lanzó dos explosivos contra una ambulancia mientras se prestaban los primeros auxilios a un hombre que ya había sido alcanzado. Human Rights Watch documentó al menos 45 ataques deliberados con drones contra civiles y objetos civiles en Antonivka y en el distrito de Dniprovskyi entre junio y diciembre de 2024, y afirmó que las pruebas no dejaban «apenas duda de que la intención es matar, mutilar y aterrorizar a los civiles».

Los vídeos de las cámaras de los drones se publicaron en canales rusos de Telegram, algunos con miles de suscriptores, junto con amenazas como «Largaos de la ciudad antes de que caigan las hojas, vosotros, los condenados a morir». La Comisión basó sus conclusiones en más de 300 vídeos, más de 600 publicaciones de Telegram y 91 entrevistas. Consideró que los ataques eran «generalizados, sistemáticos y se llevaban a cabo como parte de una política estatal coordinada» y que su finalidad principal era sembrar el terror. Calificó la publicación de imágenes de civiles muertos y heridos como un crimen de guerra independiente.

Cerca de 150 civiles habían muerto y varios cientos más habían resultado heridos en la ciudad de Jersón y en 16 localidades de los alrededores en mayo de 2025, según cifras oficiales citadas por la Comisión. Las autoridades de Jersón dijeron a Human Rights Watch que la población de Antonivka se redujo casi a la mitad entre mayo y diciembre de 2024. En su informe de octubre de 2025, basado en 226 entrevistas, la Comisión concluyó que los ataques formaban parte de una política coordinada para expulsar a los civiles de una franja de unos 300 kilómetros de territorio controlado por Ucrania.